2
de noviembre de 2012
San
Juan de Puerto Rico
DECLARACION
La Asociación Jueces Dominicanos Para La
Democracia (JUDEMO) nos ha expresado su rechazo a las destituciones de
funciones de los Magistrados Luisa García y Gabriel Marchena por el Consejo del
Poder Judicial por la única razón del contenido de sus decisiones en el
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La Federación Latinoamericana de Magistrados, organismo
integrado por las asociaciones de jueces de dieciocho países, y reconocido por
la Organización de Estados Americanos, expresa su profunda preocupación por la
situación denunciada y ratifica su compromiso en censurar todo acto que atente
contra la Independencia Judicial de los Poderes Judiciales y de los jueces y
juezas en su plano individual.
La Federación Latinoamericana de Magistrados se
reitera en su compromiso en asegurar de modo permanente el respaldo a la consolidación de la independencia de los
poderes judiciales y de los jueces, evitando toda acción o decisión, interna o
externa, que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la
independencia del poder judicial como poder del Estado, o la de los propios
jueces.
La
Constitución de la Republica Dominicana establece en su artículo 151 que los
jueces y juezas son independientes, imparciales e inamovibles y no podrán ser removidos,
separados, suspendidos, trasladados o jubilados sino por alguna de las causas
establecidas y con las garantías previstas en la ley. La independencia
funcional del juez o jueza en la toma de decisiones es un elemento fundamental
para el Estado social y democrático de derecho. NO BASTA CON EL RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL DE INDEPEDENCIA, ES NECESARIO QUE DICHO RECONOCIMIENTO SE
MANIFIESTE A TRAVES DE ACTUACIONES Y DECISIONES JUDICIALES LIBRES DE CUALQUIER
PRESION EXTERNA O INTERNA.
Por
todo lo anterior, recabamos de las Autoridades Judiciales Dominicanas competentes
a defender la independencia judicial de los jueces y juezas dominicanos,
garantizando el ejercicio de la función jurisdiccional fuera de toda presión e
intimidación, otorgando todas las garantías que la propia Constitución de la
Republica dispone.
En San
Juan, de Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2012
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