Los medios de comunicación
han registrado en los últimos días informaciones acerca de una serie de
traslados, ascensos y movimientos al interior del Poder Judicial, bajo la
responsabilidad del Consejo del Poder Judicial, que han despertado alta
preocupación en la comunidad jurídica y académica, así como en la sociedad en
general, debido a que dichas acciones implican un curso que ponen en serio
cuestionamiento la independencia e imparcialidad de la judicatura.
La Fundación
Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) se une a esta preocupación que
recorre el país, cuya gravedad no puede ser soslayada, especialmente tras las
declaraciones del Presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema
Corte de Justicia, en el sentido de que dichos traslados han sido adoptados exclusivamente
en base a criterios de proveer “un mejor servicio” a los usuarios del sistema
de justicia y debido a la obligación de que se “mantenga un equilibrio en el
servicio”.
Como efectivamente
ha sido recalcado, la Constitución de la República atribuye la capacidad de
traslado de los jueces en el Consejo del Poder Judicial, pero no le da a dicho
órgano la discrecionalidad para efectuar dichos cambios sin que los mismos sean
debidamente motivados, apegados a las leyes que lo regulan y cuyo mandato emana
de la propia constitución. Tal es el caso del artículo 155, párrafo 2 que
expresa que el funcionamiento y organización del CPJ son definidos por la Ley.
En el caso la
República Dominicana varias leyes definen estos aspectos, entre las cuales
destacamos, la Ley de Organización Judicial, La Ley de Carrera Judicial y la
Ley del Consejo del Poder Judicial. El
propósito de esta normativa es garantizar los principios en los que se sustenta
la Constitución, que para el caso que nos ocupa incluyen de manera destacada,
la independencia judicial, la inamovilidad e imparcialidad de la judicatura,
que son parte de las condiciones imprescindibles para configurar nuestro Estado
de derecho y régimen democrático.
El Consejo del Poder
Judicial ha sido creado en la Constitución del 2010 con la finalidad de
proteger, ampliar y consolidar la independencia, la imparcialidad y la
eficiencia de dicho Poder, mediante su ejercicio profesional, transparente y apegado
a la legalidad.
La
Constitución, en su artículo 151, expresa que los jueces son inamovibles, es decir, que «no podrán ser
removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de
las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley». A la
inamovilidad se le concibe como «la única garantía verdadera de la
independencia de los magistrados judiciales en el desempeño de sus cargos. Los
pone a cubierto de las coacciones extrañas, ya provengan de los otros poderes,
ya de las personas que, gozando de las influencias oficiales, pretenden ejercer
presión sobre sus conciencias».
Como se ha
resaltado de manera sistemática en la doctrina constitucional «A veces se
interpreta que la inamovilidad ampara únicamente contra la remoción, que es la
violación máxima. Sin embargo, la inamovilidad resguarda también la sede y el grado. Un juez
inamovible no puede ser trasladado sin su consentimiento (ni siquiera dentro de
la misma circunscripción territorial), ni cambiado de instancia sin su
consentimiento (aunque significara ascenso). Y ello porque su nombramiento lo
es para un cargo judicial determinado, y ese status no puede ser alterado sin
su voluntad, como lo ha planteado el maestro Bidart Campos.
Por ello la
regla de imposibilidad de traslado sin el consentimiento del juez aparece en el
artículo 18 de la Ley de Carrera Judicial con la finalidad de evitar su uso
como mecanismo de retaliación o como sanciones encubiertas en contra de jueces
que no sean del agrado de los integrantes del Consejo del Poder Judicial.
La preocupación que
embarga a muchos sectores con relación a los recientes traslados y ascensos de
jueces se refiere asimismo a la afectación que estos podrían tener en la independencia
judicial. El logro de este gran objetivo ha orientado el conjunto de las
reformas emprendidas desde 1998. Es cierto que la independencia externa de los
jueces es considerablemente superior a la que predominaba antes de esa fecha, debido
a los cambios que produjeron la creación de la Escuela Nacional de la
Judicatura, el establecimiento de la Carrera Judicial, y su sustentación en
base a criterios de méritos, capacidad y profesionalidad de los aspirantes a
jueces o de los magistrados en servicio para su promoción.
Pero en los últimos
años se viene observando con preocupación algunos problemas relacionados con la
dimensión
interna o funcional de los jueces en todo el país. La independencia funcional del juez significa estar provisto de la
más completa libertad para el ejercicio de las funciones de juzgar conforme a
Derecho, sin que persona alguna pueda darle órdenes, consejos o sugerencias y
sin que presiones de ninguna índole pueda influir en su decisión. Esta
independencia opera asimismo a lo interno de la judicatura, tal como lo dispone
el artículo 10 de Ley de Organización Judicial, por lo que los órganos
superiores no pueden dirigir a priori la actuación de los inferiores, a
diferencia de lo que sucede con los órganos de la Administración Pública, por
lo que únicamente podrán corregir la
actuación de un órgano inferior cuando conozcan de un asunto por vía de recurso
y de acuerdo con las leyes de competencia y procedimiento.
Para garantizar
que los procesos de ingreso, ascenso, evaluación de desempeño, permanencia y
separación de los servidores públicos se realice en base a lo
que ordena la Constitución, se ha establecido de forma general un estatuto de la función pública, o sea, un régimen
de derecho público que está basado en el mérito y la profesionalización para una
gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, tal
como aparece en el artículo 142 constitucional.
En el caso de jueces
y miembros del Poder Judicial, la Constitución establece que en razón de la
función que desempeñan, gozan de un estatuto funcionarial propio, como lo
recogen los artículos 150 y 151 de la Constitución. Este estatuto no justifica
privilegios para los jueces, sino que busca darles a ellos un medio que permite
el cumplimiento de la función judicial que es exclusiva de ellos y que debe ser
realizada con independencia, imparcialidad, transparencia y profesionalidad,
para el beneficio de los ciudadanos
Por esas
razones, cuando el Consejo del Poder Judicial realiza traslados de magistrados,
o propone los ascensos o remociones de jueces, está obligado a observar los
criterios que se recogen en la ley de carrera Judicial que manda a motivar
todos sus resoluciones en estas materias, en el marco del debido proceso, y de
manera particular a recabar el consentimiento de los magistrados que son
objetos de esas medidas, incluso las de ascenso.
En los casos
que han sido mencionados en los medios de comunicación de las últimas semanas,
se ha planteado que dichas medidas se adoptaron sin conocimiento de los afectados y sin que se conozcan sus
motivaciones. Estas acciones pueden interpretarse como actos de retaliación,
castigo o discriminación ilegal, lo que pondría en serias dudas la
independencia interna o funcional en el Poder Judicial. Contrario a lo
expresado por el Presidente del CPJ y del Pleno de la SCJ, el traslado de jueces no es una atribución simplemente
administrativa, sino que está íntimamente ligada a la función jurisdiccional, por lo que se requiere
de la máxima transparencia.
Es conveniente que
el Poder Judicial disponga, a través de sus órganos responsables, que todas las
decisiones y actos que pudieren afectar o estar relacionados con la
imparcialidad, independencia y transparencia del Poder Judicial y los jueces de
las diferentes jurisdicciones sea de púbico conocimiento. En este sentido
instamos a la publicación de todas las actas y decisiones del CPJ que afecten
los jueces, tanto para su traslado, remoción o ascenso en su función judicial.
Dr. Servio Tulio
Castaños Guzmán
Vicepresidente
Ejecutivo de FINJUS
25 de agosto de 2014
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