JUDEMO solicita al CPJ unirse a demanda 2.66%

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), primera entidad que agrupa a profesionales de la judicatura del país, con personalidad jurídica propia, comprometida con los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, y consciente de la imperiosa necesidad de una verdadera autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, a través de este documento público, otorga su respaldo irrestricto a la lucha coordinada que ha estado llevando a cabo el colectivo de servidores judiciales para concretizar dicha autonomía, felicita la iniciativa, estableciendo que con ello se evitaría que fuera socavada la independencia de los representantes de este poder del Estado, pues al margen de que dicha autonomía es de raigambre constitucional y legal, conferida mediante la Ley 194-04, la cual prescribe el 2.66 % a lo menos, de los ingresos internos del país, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y ley de gastos públicos, estos preceptos legales han sido ignorados en el histórico nacional, manteniendo al Poder Judicial sumido en una insondable precariedad, advirtiendo que la asignación nunca ha superado el 1.69 % del presupuesto general del Estado, lo que resulta desconcertante, tomando en consideración lo que el aludido precepto legal dispone.

JUDEMO proclama la ratificación de la teoría de separación de poderes, el cumplimiento cabal de la norma por parte del Poder Ejecutivo al momento de la confección del presupuesto general del Estado, erradicando la vetusta práctica de omitir estas prescripciones legales, concediendo al Poder Judicial la partida que corresponde, y en pos de ello, apoyará en forma enérgica en cuanto fuere necesario, todas las acciones que encaminaren hacia la ejecución de dicho objetivo, en procura de la mejora del orden económico del Poder Judicial y por ende de un mejor servicio al que aspiran todos sus usuarios, haciendo más efectivo el acceso a la Justicia y fortaleciendo con ello al Poder Judicial. 

Resulta inexcusable el irrespeto a la indicada autonomía, pues resquebraja la institucionalidad e independencia judicial, la cual comporta seguridad jurídica, ese clima cívico de confianza en el ordenamiento jurídico, esa estabilidad, fundada en normas razonables de previsibilidad que es presupuesto de los estados democráticos y que supone, por vía de consecuencia, la seguridad ciudadana.

Asumimos como indispensable que el Consejo del Poder Judicial, como órgano de gobierno de dicho poder, se empodere del reclamo, y encabece las acciones de tipo legal que se están gestando, a través de los canales regulares, como aval de la lucha emprendida por el conglomerado de jueces, para que la aprobación de la partida presupuestaria se haga con recta sujeción a las leyes, máxime cuando el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sendas decisiones, y cuyo precedente es vinculante a todos los poderes públicos señalando, entre otros aspectos, que la referida autonomía garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo, y lo eximen de la posibilidad de verse supeditado a la influencia que en determinado momento pueda ejercer el Poder Ejecutivo sobre sus decisiones, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión.

Se cuenta con la información de que el 96.75 % de la asignación al Poder Judicial es destinada a cubrir gastos corrientes y que existen 98 tribunales creados por ley, sin que hayan sido puestos en funcionamiento por la precaria situación financiera del Poder Judicial, lo cual resulta inquietante y hasta bochornoso, cuando se trata de uno de los poderes del Estado, no de una dependencia estatal. Es momento de darle a la justicia el sitial relevante que le reconocen la Constitución y las leyes.

Estimamos que el Estado debiera ser compromisario de que sean abolidas estas precariedades, y que sea reflexivo del impacto que esto genera en el desarrollo del sector justicia, pues no contar con recursos materiales impide una administración de justicia en condiciones dignas, lo cual resulta cuestionable y repercute de manera inapropiada en la percepción ciudadana, la cual aspira a una justicia oportuna.

JUDEMO llama a la institucionalidad, entendida como un atributo básico de la República, llama a la sensatez de quienes deban intervenir en la conformación del presupuesto de la nación, a que con su accionar ratifiquen el Estado Democrático y Social de Derecho, en donde el bienestar social y la realización de justicia constituyen funciones prioritarias.

El tiempo es escaso para la aplicación de las leyes, porque resulta que era ayer que debían ejecutarse, pero ello no significa que no se cuente con otra oportunidad de evaluar el pasado y corregir hoy esos errores! El 2.66 % es legítimo, es una conquista! Adelante país! Hacia la concretización de las leyes que fueron votadas y Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) así lo profesa! 

Mag. Rosalba Garib Holguín

Presidenta

 

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 12 días del mes de septiembre del 2016.
Nota. Carta recibida por el CPJ el 12 de septiembre de 2016